Arquitectura en España: burocracia, licencias y retrasos

Una historia española

En España, abrir un estudio de arquitectura y vivir de tus proyectos es una apuesta a cinco años vista. No cinco años de ideas brillantes. Cinco años de resistir. Cinco años para que un proyecto se encargue, se desarrolle, supere la burocracia, se construya, se pueda mostrar y, con suerte, te traiga nuevos clientes. Cinco años para empezar a rodar. Para que tu negocio, simplemente, funcione.

Y mientras tanto, el cliente que confía en ti para hacerse una casa también descubre lo mismo: que nada es rápido, que casi todo es absurdo, y que una vivienda puede tardar tres, cuatro, cinco años en completarse. Aunque todo esté bien planteado desde el primer día.

Entre el cliente y la administración

Todo empieza con ilusión. Un cliente encarga una casa. La mayoría no tiene conocimientos técnicos, pero quiere decidirlo todo: tamaño, distribución, ventanas, materiales, estructura. Juegan a ser arquitectos como si estuvieran montando una maqueta de pin y pon. Cambian de opinión cada semana, se frustran, exigen lo imposible. Lo que debería durar dos o tres meses puede alargarse fácilmente a ocho. O más. Y este es solo el principio.

Después llega el trámite más absurdo del proceso: la licencia urbanística. En España, para construir cualquier cosa, una licencia puede tardar entre seis meses y año y medio. En algunos casos, incluso dos años. No hablamos de rascacielos ni de promociones masivas. Hablamos de una vivienda. Una sola. Y la razón no es técnica, ni legal. Es desidia. Es inacción política. Ayuntamientos que no han actualizado sus planes generales desde 2001. Terrenos bloqueados porque nadie asume responsabilidades. Porque están enfrentados. Porque no se hablan. Porque no hacen nada.

Vas al ayuntamiento y te encuentras lo habitual. Técnicos que solo aparecen un día a la semana. Un funcionario con los codos sobre la mesa y el periódico abierto. Otro que se fue al café a las diez y no ha vuelto. Silencio, lentitud, abandono. Los que están no trabajan, y los que trabajan lo hacen a medias. Y lo más grave: no pasa absolutamente nada. Nadie les exige. Nadie les controla. Nadie paga por no hacer nada. Esa es la normalidad.

El proyecto va y vuelve. Cambian criterios de un técnico a otro. Se acumulan requisitos contradictorios. Cada organismo te pide algo distinto. Uno exige un plano que el anterior no mencionó. Otro quiere una memoria que contradice la que ya entregaste. El arquitecto acaba haciendo el trabajo de todos. Corrige, adapta, entrega, vuelve a empezar. Y cada uno de esos pasos cuesta dinero. Visado. Licencia. Tasas municipales. Tasas autonómicas. Colegios profesionales. Seguro. Autónomos. IRPF. IVA. IAE. Todo el mundo cobra. Aquí se paga por esperar.

Constructoras, obra y la invisibilidad del trabajo

Cuando por fin consigues la licencia, toca presupuestar. Se envía el proyecto a varias constructoras. Algunas ni contestan. Otras se echan atrás al ver un diseño exigente. No quieren calidad. Quieren rapidez, metros cuadrados y margen. Las pocas que responden mandan presupuestos que no cuadran, llenos de condiciones y letra pequeña. Ajustarlos lleva otro par de meses. O tres. Y si todo encaja, empieza la obra.

La obra puede durar entre dieciocho y veinticuatro meses. Supervisar, gestionar, responder a cada incidencia. Y al final, cuando parece que has llegado, descubres que no puedes mostrar la casa. Porque para enseñarla hay que fotografiarla. Y para fotografiarla tiene que estar amueblada, cuidada, vivida.

A veces el cliente no quiere. Y uno lo entiende cuando hay motivos de privacidad reales, casas de alto valor, cierto perfil público. Pero en otras muchas ocasiones no hay nada de eso. Solo una negativa absurda. Como si tuvieran la Mona Lisa colgada en el salón. Lo que no entienden es que cuando te prohíben enseñar esa obra, están haciendo un daño enorme. Porque esa casa es también tuya. Es tu trabajo. Es tu producto. Es lo único que tienes para demostrar de qué eres capaz. Y si no puedes mostrarlo, no puedes avanzar.

Urbanismo enfermo

Los suelos no están bloqueados por casualidad. Lo están por decisión política. Y en muchos casos, por corrupción. Hay ayuntamientos donde el suelo urbanizable no se libera cuando hace falta, sino cuando ya está vendido. Cuando los grupos promotores lo han negociado por debajo de la mesa. Cuando todo está cerrado antes de hacerse público. Hay operaciones completas que se pactan sin transparencia alguna. Y esto no es rumor. Pasa. Está pasando. Y lo saben todos los que tienen que saberlo.

Aquí nadie se libra de culpa. Las constructoras hacen lo que hacen porque si no lo hicieran no habría beneficio. Pagar el terreno, los costes de ejecución, la gestión, la postventa y una fiscalidad obscena las obliga a recortar o elegir solo lo fácil. No están exentas de responsabilidad, pero tampoco operan en un sistema sano.

Luego están los propietarios, los de siempre, los de aquí. Cualquiera con una finca de mierda de escaso valor la pone a precio de oro. Se ha llegado al punto en que se venden terrenos en Oleiros más caros que en Ibiza o Marbella. Y luego que cada uno se las arregle para sacar beneficio.

Nadie es inocente. Ni políticos, ni técnicos, ni promotores, ni vecinos. Entre todos hemos inflado el mercado, hemos bloqueado el desarrollo y hemos convertido lo que debería ser vivienda en pura especulación. La responsabilidad es colectiva.

Mientras tanto, los políticos siguen sin tener ni idea de cómo se construye una vivienda, cómo se sostiene un estudio, cómo se diseña una ciudad. Durante décadas dejaron hacer a las constructoras lo que quisieran. Y cuando intentaron corregirlo, lo hicieron mal. En lugar de actuar con inteligencia, respondieron con prohibiciones. Todo restricciones. Todo límites. Nada de visión, ni de planes reales, ni de arquitectura. El resultado es el mismo: torres sin carácter, edificios colmena, cajas de zapatos sin criterio. Igual de feos que antes, pero ahora con papeles que lo justifican.

Y Galicia es un caso especialmente doloroso.

Aquí nunca hubo una tradición sólida de buena arquitectura urbana. Salvo algunos cascos históricos y ciertas zonas centrales consolidadas, lo que se ha construido en el último siglo ha sido un desastre. Se pueden contar con los dedos las buenas obras que se integran en el territorio. A partir de los años 60, con la expansión sin control, la arquitectura desapareció. La construcción se convirtió en una máquina de destrucción lenta. Ni los pueblos pequeños se han librado.

Basta mirar Sada. Basta entrar en Ferrol desde el puerto un día de lluvia, que es casi cualquier día, y sentir que llegas a una ciudad soviética perdida en algún lugar de la costa rusa. Arteixo. Sanxenxo. Viveiro. Ares. Rianxo. Lo poco que queda de digno es gracias al paisaje. A la costa. A los árboles. Nada de lo que se ha construido en las últimas décadas merece ser salvado. Y no es porque no haya buenos arquitectos. Es porque el sistema no les deja trabajar.

El arquitecto no va a desaparecer por la IA

Va a desaparecer por culpa del Estado. Por culpa de una administración que no funciona. Por culpa de hacienda. Por culpa de técnicos que no aparecen. De funcionarios que no trabajan. De alcaldes que no saben lo que aprueban. De normativas que solo prohíben, pero no construyen nada. Por culpa de una cultura del cemento sin criterio. Y de un país que, generación tras generación, ha maltratado a quienes intentaban hacerlo mejor.

Los que puedan, se irán fuera. Los que se queden, firmarán para promotoras sin alma. Cajas sin historia. Fachadas vacías. Copias del mismo modelo repetido. Como Matogrande. Como el nuevo ensanche. Como las torres que rodean Espacio Coruña y el campus de Elviña. Todo nuevo. Todo moderno. Todo feo. Como ponerle un lacito a un zurullo.

Galicia, lo que queda de Galicia, ya está destrozada. Y lo más triste es que no ha venido nadie de fuera a hacerlo. Lo hemos hecho nosotros.